Desde su oficina en Providencia, ubicada en un edificio de los años 50 frente a la plaza de la Aviación y con una vista privilegiada al cerro San Cristóbal, Francis Valverde (67) aprovecha su hora de almuerzo para dar esta entrevista.
Desde 2013 Valverde es directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (Achnu). Esta organización sin fines de lucro, nacida en 1991, se dedica a la promoción de los instrumentos de DD.HH. de la ONU. “Nuestro principal objetivo es incidir en la legislación y en las políticas públicas de la infancia, niñez y adolescencia. Generamos conocimiento para la práctica y la formación garante de estos derechos”, explica.
Madre de seis hijas, cuenta con cinco décadas de especialización en derechos humanos de la niñez y adolescencia. Pedagoga en ciencias naturales y biología de la Universidad Católica, fue durante su exilio en Canadá que inició su trabajo en DD.HH.; labor que continuó cuando regresó a Chile y se integró a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, donde trabajó junto al abogado y uno de los ideólogos de la Democracia Cristiana, Jaime Castillo Velasco. “Me especialicé en derechos del niño, los entendí como un desafío para la democratización del país y para la construcción de una nueva cultura fundada en los DD.HH.”, comenta.
Vocera del llamado “Bloque por la Infancia”, organización civil para la protección de la infancia y la adolescencia, ha seguido de cerca el anuncio de la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para Víctimas del Sename, que el Presidente Gabriel Boric realizara en su última Cuenta Pública.
—Esta comisión, que se pondrá en marcha a fin de año, busca que el Estado se haga cargo de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que niños, niñas y adolescentes sufrieron en el Sename. Me decía que tenía algunos reparos sobre la iniciativa.
—Tengo una preocupación en términos de cuáles van a ser los criterios, las reparaciones y las edades de las víctimas que se abarcarán. ¿Qué pasará, por ejemplo, con quienes murieron? ¿Qué pasará con quienes fueron maltratados, vulnerados o violados? ¿Qué pasa con quienes salieron del Sename y andan vagando por las calles? También me interesa saber cuáles serán las condiciones que se le van a asegurar a las víctimas para que no haya represalias de ningún tipo y si recibirán apoyo psicológico.
“La subvención estatal no alcanza”
“Provengo de una familia de esfuerzo”, cuenta de entrada. Hasta los seis años, Valverde junto a sus padres y sus tres hermanas vivieron de allegados en distintas comunas de Santiago donde arrendaban piezas. “Después tuvimos casa propia en Cerrillos. Mi padre era obrero y mi madre costurera. En las noches él estudiaba y se convirtió en ingeniero informático. Después mi mamá fue taxista; una de las primeras chilenas. Mi familia es de izquierda, el golpe militar me tomó cuando yo tenía 16 años, fue como morir y tener que aprender a vivir de nuevo”, relata.
En 1974 la familia Valverde se fue al exilio en Canadá. “Mis hermanos siguen en Toronto. Yo soy la única que volvió a Chile, tenía 23 años. Regresé un 3 de enero de 1980, nunca olvidaré ese día. Lo primero que agradecí fue ver la cordillera”.
A comienzos de los ochenta, Valverde trabajó tres años para la Institución Cristiana de Jóvenes de Canadá en las poblaciones José María Caro (Lo Espejo), San Gregorio (La Granja) y La Bandera (San Ramón). “Junto al sacerdote de la parroquia San Gregorio, Fernando Vives, íbamos a las poblaciones para sacar a los chicos del neoprén. Cuando les preguntaba por qué aspiraban; me contaban que así no sentían frío ni hambre”, recuerda.
—Desde una perspectiva social: ¿cómo describiría la historia que ha tenido la infancia y la adolescencia en Chile?
—La primera mirada nace a fines del 1800 y fue caritativa en apoyar a niños de la calle o que pertenecían a familias en extrema pobreza. La ayuda provenía de la iglesia católica y de familias ricas. Eso fue evolucionando hasta llegar a 1989, cuando nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. No obstante, fuimos los últimos en América Latina y recién en 2022 se publicó la ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. ¡Nos tardamos más de tres décadas! No fuimos capaces de que el Estado respondiera al mandato de la Convención, que era generar esta ley de protección integral. La pregunta es por qué nos hemos demorado tanto en valorar la infancia chilena.
—¿A qué se debe esta tardanza?
—Entre algunas variables está la noción histórica de que niños, niñas y adolescentes son propiedad de los adultos. Se tiene una noción como de objetos. Este país tiene el desafío de que sean valorados como sujetos públicos, como seres en igualdad, parte de una sociedad. Cuando reconoces que son sujetos de derechos y que tienen la misma dignidad de los adultos, debemos admitir que tienen poder, que aunque distinto al nuestro, debe ser respetado.
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—Claro, una lógica súper vertical de relacionarse.
—En Chile hay una desvalorización de la infancia y de la adolescencia, porque el énfasis se ha puesto en la marginalidad. Todas las políticas públicas en nuestra historia han sido pensadas bajo el lema de una protección hacía una niñez y una adolescencia descuidada por sus familias o la sociedad. Todavía no se ha roto esa lógica caritativa. Hay una falacia central: cómo si los niños y adolescentes ricos no sufrieran vulneraciones a sus derechos. A ellos también los violan, los maltratan y los explotan, pero pasa a puertas cerradas. El tema es que no tenemos una protección integral universal. Pero ahora la tendremos que asumir con la ley sobre garantías.
—¿A su juicio cómo ha operado el servicio Mejor Niñez? En casi tres años de funcionamiento persisten las críticas sobre sus problemas de gestión, deficiencias en las residencias y fallas en los programas ambulatorios, entre otros.
—El mayor problema del servicio fue su urgente implementación. No se hizo una etapa de transición para ir adecuando la ley a la real necesidad de niños, niñas y adolescentes. Tampoco se hizo con las instituciones que son parte del servicio, tanto para las administradas por el Estado como para las privadas. Y se generó una ley cuyo principal mandato es controlar a las instituciones, sin estar enfocada en los derechos de la niñez y la adolescencia. Entonces, lo que hay es un juicio a si las organizaciones o las fundaciones cumplen una cantidad de indicadores, como si se estuvieran produciendo papas. El mandato de la Convención instaura que el Estado es quien tiene la obligación de establecer un vínculo colaborativo, porque es el garante principal de estos derechos. Además, la subvención estatal para estas instituciones no alcanza. Grandes fundaciones como María Ayuda deben poner casi un 50% de sus recursos para una intervención adecuada con niños y adolescentes. Mientras otras no pueden seguir y han debido cerrar.
“La Comisión debe convocar a los afectados”
—Para entender cómo se vive la niñez y adolescencia vulnerable en Chile, ¿con qué mirada funcionaba el Sename?
—El Sename nace a finales de los 70 con Pinochet, con una ideología de niños, niñas y adolescentes como objetos de derechos, pero no sujetos de derechos. Una mirada tutelar, si quieres. Nace para facilitar el aporte que hace el Estado a los organismos de la sociedad civil que trabajaban en esta temática, como Fundación Niño y Patria que funcionaba en grandes espacios con una formación muy rígida y militarizada. Así, varias instituciones terminan siendo un espacio de control social de las niñeces y adolescencias pobres. Entonces, cuando se firma la Convención de los Derechos del Niño el Sename dice: “Debo cambiar, no me queda otra”. Y aunque al principio se generaron interesantes programas de promoción para la protección de derechos, a finales de 2015 se terminó todo el vínculo de trabajo comunitario con niños, niñas y adolescentes para prevenir la transgresión de sus derechos. Después quienes ingresaban al Sename lo hacían por la vía judicial. Ahí empezó a quedar la escoba; las historias de cientos de chicos y chicas son de terror.
—Está el caso de Lissette Villa, una niña de 11 años quien falleció en 2016 mientras se encontraba bajo el cuidado del Sename en un centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) en Estación Central.
—Su historia es muy brutal. Ella muere producto de una colección de negligencias evidentes. Una de ellas fue contratar a una persona que no tenía nada que ver con infancia, una contadora, quien en definitiva le produce la muerte por falta de especialización. Porque como la niña se descontrolaba, esta mujer le hace una plancha y Lissette deja de respirar, la ahoga. Fue terrible, justo en esos días estábamos discutiendo sacar la ley de garantía de la niñez en el Congreso y debatiendo que debíamos cerrar el Sename.
—Entonces se constató que los Cread del Estado estaban fallando.
—Las principales vulneraciones de derechos se vieron cuando en 2018 vino a Chile una comisión especial del Comité de los Derechos de los Niños de la ONU. Después de la muerte de Lissette, las falencias se constataron en los organismos administrados directamente por el Estado, no en las organizaciones colaboradoras privadas. Se constató que las principales instituciones donde se vulneraban los derechos eran los Cread. Entonces, ese comité mandató que debían generar un cambio radical en sus vínculos con la infancia y la adolescencia. Hay que recordar que en los Cread los chicos y las chicas estaban encerrados, no podían salir.
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—Como si estuvieran encarcelados.
—El gobierno de Piñera en 2021 dijo: “ok, haremos residencias familiares”, las que formaron parte del servicio que reemplazó al Sename. Pero se pensaron sin preparar a los profesionales, ni dar cuenta de cuál era la realidad de niños y adolescentes. Ese proceso debía ser un tránsito, pero se hizo como el Transantiago: llegaron y lo implantaron.
—¿Qué tipo de reparación merecen los niños, niñas y adolescentes que fueron vulnerados en el Sename?, ¿se amerita una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación?
—Si se mira desde la perspectiva de una gravísima y sistemática vulneración de derechos humanos por parte del Estado, se justifica una comisión de este tipo. Hay una petición válida de parte de los sobrevivientes del Sename al Presidente Boric sobre una eventual reparación de sus derechos vulnerados. Puede ser económica, social, educacional o psicológica dependiendo de sus niveles de trauma.
—¿Y esto lo ve viable en la práctica?
—Veo que no está claro cómo lo harán. El desafío tiene que ver con que esta Comisión convoque también a los chicos y chicas afectados. Muchos son profesionales, cabros que salieron adelante a pesar de todo. Ellos tienen muchas ideas de cómo debería ser esta reparación. Son miles de afectados, podrían llegar a ser unos 260 mil niños, niñas y adolescentes.
