por:  La Segunda

jueves, 08 de agosto de 2024

“Las universidades estamos sometidas a numerosas presiones de distintas políticas públicas. No es políticamente correcto decirlo, pero es cierto”, dice sin complejos el rector de la Universidad Católica de Valparaíso, Nelson Vásquez Lara, quien en julio de 2022 llegó a ese cargo tras 12 años como vicerrector académico y que hace menos de dos meses asumió la presidencia del G9 con miras a reposicionar al grupo en un casi desaparecido debate educacional.

Desde allí pretende hacer escuchar la voz de las nueve universidades públicas no estatales que reciben aporte del Estado (las seis católicas, la Federico Santa María, la de Concepción y la Austral de Chile), que desde hace una década luchan por un trato igualitario con las universidades estatales argumentando el aporte que hacen a la producción de bienes públicos. 

“Nos sentimos maltratadas. No queremos beneficios, queremos un trato justo, queremos igual trato. Hay un daño al G9, el sentimiento es que no ha habido cuidado, que no se ha valorado nuestro rol. Y aunque en el ultimo tiempo en el discurso se ha comenzado a reconocer la vocación pública del G9, en lo concreto no se ha avanzado”, explica.

Su hablar pausado, buscando las palabras exactas para transmitir sus énfasis, delatan su profunda formación pedagógica: hace más de 30 años se graduó de profesor de Historia en la PUCV (donde hizo un magíster en la especialidad), fue coordinador de prácticas docentes, jefe de docencia y decano del mismo plantel, además de tener un doctorado en Didáctica en la Universidad de Barcelona. “Soy un educador, un humanista y tengo una alta valoración por la formación de las personas, la cultura, por lo estéticamente armónico, lo minimalista”, dice. 

Enfático, enumera una serie de situaciones que —a juicio del G9— configuran una  “discriminación arbitraria”, por lo cual se han entrevistado con diversos parlamentarios, el subsecretario de Educación Superior Víctor Orellana y la contralora (s) Dorothy Pérez. Además ya tienen fijado un encuentro con el director del SII, Javier Etcheverry, y le han pedido una reunión al ministro Mario Marcel.

Primero, indica, que tras un cambio legal en 2023 todas las universidades —excepto las estatales— deben pagar IVA por los servicios que ofrecen, lo que los hace menos competitivos en licitaciones públicas y privadas porque ahora tendrán que cobrar un 19% de impuesto. “No solo nos limita en lo económico, también impacta en el relacionamiento de los planteles con el medio, que es una de las dimensiones consideradas para la acreditación”, advierte.

Segundo, señala que en la última ley de Presupuestos se estableció que los Gobiernos Regionales pueden entregar recursos a instituciones que no sean estatales solo a través de concursos públicos y no por asignaciones directas. “Eso es discriminatorio, este Gobierno por sus convicciones ha priorizado a las universidades estatales”, reclama.

—Como gestores por trato directo teníamos acceso como a mil millones al año para proyectos de beneficio a la comunidad, y ahora no. Otro ejemplo: el Gobierno Regional de Valparaíso nos pidió a las cuatro universidades tradicionales de la región crear la estrategia de innovación regional. La Santa María y nosotros somos las más grandes de la región y generamos el 70% de la innovación... pero no podemos liderar ese proyecto porque no somos estatales.

{CITA Hay una burocratización impresionante en que uno siente a las entidades responsables de establecer las normas muy inhibidas"; }

Lo que vino a rematar el escenario, agrega, es el «Caso Democracia Viva». “Nadie ha visto el daño que el caso Convenios ha hecho a las universidades: ahora hay una burocratización impresionante en que uno siente a las entidades responsables de establecer las normas muy inhibidas, esto profundizó fuertemente las desconfianzas”, dice.

—En el retraso de los proyectos. Solo un ejemplo: los Fondos de Innovación y Competitividad Regional (FIC) que están asociados a la nueva ley de royalty. Han pasado seis meses y no se han dictado ni las orientaciones ni el reglamento correspondiente, por lo que los gobiernos regionales no han podido abrir licitaciones cuyo volumen de recursos son cerca de $1.500 millones por región. Este año una parte importante de esas platas no van a poder ser ejecutadas. Todo está retrasado. Y lo más probable es que sean recursos que no se ejecuten y retornen al Fondo General de Estado para reasignación estatal.

 

—Crecieron enormemente y no consideran las particularidades de los proyectos. Por ejemplo, si capacitamos a adultos mayores nos piden que ellos llenen vía computacional una serie de fichas, pero no reparan que no tienen idea como hacerlo y muchos no tienen ni internet.

—Antes uno rendía los proyectos con facturas y boletas generales. Ahora, hay que sumar informes detallados, incluso de los cafés que se tomó cada asistente en una determinada actividad, hay rendiciones de cuenta que son de un detalle que rayan en lo absurdo, lo que obliga a tener un equipo de funcionarios solo para rendir según lo que le pide el supervisor de turno, porque todos piden cosas distintas.

Oriundo de la Quinta Región (nació en Casablanca) la mayor parte de su vida la ha pasado en Valparaíso, aunque hace un par de años decidió cambiarse a un departamento en Viña del Mar.

Sabe que gran parte del ejercicio de ser rector radica en el tipo de gestión que éste es capaz de realizar, pero tiene muy claro que también hay una dimensión política —no partidaria— que es fundamental. Es un firme convencido de que para que una universidad evolucione se requieren alianzas y, para ello, es necesario conversar, proponer y seducir a potenciales colaboradores. 

Fiel a su bajo perfil, cada viernes viaja hasta Santiago para temas universitarios y el día sábado religiosamente llega hasta el barrio El Golf a tomar café con sus contertulios. Ahí se reúne con autoridades o ejecutivos bancarios, de empresas, educacionales, investigadores y hasta analistas en temas de seguridad para hacer lo que él llama «análisis país».

“Hay una desconfianza enorme en la educación superior, las entidades reguladoras no confían en las instituciones de educación superior chilenas y eso se ha acentuado en el último tiempo, lo que es un problema (...) De pronto hay en las autoridades una suerte de desconocimiento de la calidad del sistema de educación superior chileno, que en America Latina sin duda es uno de los mejores”, reflexiona.

Dice que es paradójico, porque las universidades son —desde hace ya un buen tiempo— de los organismos con mejor imagen positiva en la ciudadanía. 

—Es cierto que buscan evitar que las instituciones quiebren y dejen a miles de estudiantes a la deriva, o hacerse cargo de planteles que por tomar malas decisiones financieras o de gestión paralicen sus proyectos educativos...

—Claro, y varias más. Sin embargo la Universidad Austral ha sido un proyecto histórico de gran calidad.

{CITA Si la gestión universitaria responde a las presiones de estudiantes, de profesores, de funcionarios y también a presiones políticas... no hay cómo salir adelante"; }

—Claro que debe haber regulación, pero el mecanismo y procedimiento no puede convertirse en algo completamente engorroso. Aquí se pide accountability ex ante y para todas las instituciones por igual, lo que agota las capacidades de las universidades: tenemos requerimientos de la Superintendencia de Educación Superior, de la Subsecretaría de Educación Superior, de la Comisión Nacional de Acreditación, de la Contraloría y hasta de la Comisión de Mercado Financiero.

—Que las entidades reguladoras definan toda la información pública que necesitan de las universidades para que estas las envíen una vez al año, que la verifiquen y si está todo bien... nos vemos el próximo año. Y si encuentran algo no correcto, hagan una auditoría a ese plantel. 

—Por eso hay que focalizarse en los planteles con debilidades, y entiendo que gran parte de la desconfianza radica en dónde destinamos los recursos públicos que nos entregan.

—El Estado tiene instrumentos e información oportuna para anticiparse. Si revisara adecuadamente los estados financieros auditados por empresas externas de todas las universidades que reciben fondos públicos, inmediatamente se daría cuenta dónde están los problemas, y que básicamente son de calidad de gestión de quienes dirigen las instituciones.

—No podemos no mirar cuáles son los proyectos de desarrollo que las universidades ofrecen. Si es un proyecto poco realista, claramente va estresar la gestión y la búsqueda de recursos. Y si la gestión, la gobernanza institucional responde a las presiones de estudiantes, de profesores, de funcionarios y también a presiones políticas, hay que decirlo, no hay cómo salir adelante.

{CITA  Algunas comunidades universitarias han ganado tal nivel de beneficios laborales y privilegios, que hoy ya es una cultura institucional que nadie se atreve a tocar"; }

—Efectivamente y es preocupante. La calidad de la gestión de quienes dirigen es fundamental en orden a contener la presión de los grupos de interés al interior de la universidad, y también de los grupos externos. Ahí hay un tema que normalmente no se habla.

—Porque significa hacer una autoevaluación de la calidad de cada gestión. Algunas comunidades universitarias se han convertido en una isla respecto del resto de la sociedad, han ganado tal nivel de beneficios laborales y privilegios por sobre el resto de las instituciones del país, que hoy ya es una cultura institucional que nadie se atreve a tocar, es muy difícil para cualquier rector hacer innovaciones.

Donde si ha habido un giro completo, señala Vásquez, es en el tipo de estudiante que está llegando a las universidades. “Es más heterogéneo, con más debilidades, con más carencias. Y eso nos obliga a tener programas de inducción a primer año, de adaptación al mundo universitario, de nivelación de conocimientos. Se siente el deterioro del sistema escolar”, dice.

—Falta de habilidades y capacidades de estudio, de manejo de información, de procesamiento, de trabajo en equipo, de relacionamiento social, tienen muy poca resiliencia para la vida universitaria. Pero a la vez son muy exigentes en la calidad de la infraestructura, hacen exigencias de confort muy superior a la de otras generaciones.

—Más metros cuadrados en todo, iluminación led, wifi en todas partes, calefacción, aire acondicionado, cafetería, espacios recreacionales, estacionamientos para autos y para bicicletas, hasta lugar donde dejar la mascota. Hay una presión muy fuerte en que todo eso se transforma en demandas estudiantiles que si no se cumplen al día siguiente, pueden generar un conflicto interno importante. Por eso es cada vez más importante la gestión de las rectorías. Uno tiene que tener claro dónde están los espacios de eficiencia y optimización. Si un rector no entiende eso, siempre va a tomar decisiones con miradas de terceros, no con la propia.