Durante el año 2023, un 26% de las compras de organismos públicos fueron por trato directo, equivalente a US $4.323 millones de recursos públicos, es decir, un alza de 5,1% respecto de 2022. Según detallan desde ChileCompra, el incremento durante el año pasado se debe a transacciones de gran envergadura efectuadas por organismos específicos: el Servicio de Registro Civil por arriendo de Estaciones de trabajo y "Servicios Complementarios", la Junaeb con la provisión de "Tarjetas inteligentes" y la Dirección Logística de Carabineros en relación con la implementación de un contrato de 36 meses para el suministro de combustibles.
Pero el más llamativo es el caso del Poder Judicial, particularmente en la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Dicha entidad durante los años 2022 y 2023 gastó más del 50% de los montos transados registrados en el portal de Mercado Público mediante trato directo, liderando el ránking. El organismo pasó de gastar 26,9% (US $11,9 millones) en 2021 a través del mecanismo, a desembolsar US $52,6 millones (51,27%) y US $47,8 millones (51,14%) los dos años siguientes respectivamente.
{IMAGEN https://staticlasegunda.emol.cl/Fotos/2024/08/22/file_20240822143931.jpg}
En 2022, la CAPJ asignó $13.827 millones mediante trato directo a ‘HP Inc.Chile Comercial Limitada’ por servicios de Provisión, Mantención y Soporte de Equipamiento Computacional en Modalidad de Arriendo para el Poder Judicial. A través del mismo mecanismo, ese año se desembolsaron $26.889 millones a la empresa ‘Ingenieria y Construcciòn Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda.’ por los Servicio de Construcción Centro Justicia Tribunal Familia, Laboral y Letras de Los Ángeles. En 2023, se destinaron $402 millones a la empresa ‘Sociedad de Ingenieria y Montajes Termofrio Limitada' por los servicios para el Término de Obras en el Centro Judicial de Chillán, para la ejecución de partidas de climatización. Asimismo, se contrató por este mismo procedimiento a la ‘Constructora Inarco S.A.’ por $24.969 millones para Servicio de Construcción del Juzgado de Familia de Concepción. Además, gastaron $5.836 millones en el servicio de suscripción y renovación de licenciamiento Microsoft.
{CITA Recurrir sistemáticamente a esta modalidad (trato directo) (..) puede indicar problemas en la planificación y gestión de recursos”.;Tamara Agnic, presidenta Chile Transparente.}
Los problemas del trato directo
Los expertos dicen que el uso excesivo de tratos directos en el sector público puede traer problemas y riesgos de transparencia.
“El abuso del trato directo no se mide solo por la frecuencia de su uso, sino por la justificación y las condiciones bajo las cuales se aplica. Si una entidad recurre sistemáticamente a esta modalidad, especialmente invocando causales como la urgencia o emergencia, esto puede indicar problemas en la planificación y gestión de recursos. Además, si el trato directo se utiliza para contratar servicios que deberían ser objeto de competencia abierta, se corre el riesgo de limitar la transparencia y la equidad en las contrataciones”, explica Tamara Agnic, presidenta de Chile Transparente.
{CITA El trato directo debería estar reservado para cuestiones excepcionales”.;Marcelo Drago, abogado.}
Por su parte, el ex presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, hace hincapié en lo acotado que debería ser la utilización de este mecanismo. “El trato directo debería estar reservado para cuestiones de menor valor, menor inversión, de menor gasto público, excepcionales. Por ejemplo, el uso de este mecanismo debería estar enfocado en, primero, si se necesita hacer con muchísima rapidez porque es una situación de emergencia. O segundo, son adquisiciones de cuestiones tan extraordinarias que en el mercado no son de habitual transacción ", argumenta.
Al ser consultados por estas cifras, desde la CAPJ señalaron que la contratación de los servicios de computación en 2022 fueron debido a la quiebra de la empresa Upgrade, lo que requirió pactar con un nuevo proveedor. Sobre la construcción del Centro de Justicia de Los Àngeles se decidió el mecanismo de trato directo “por haberse realizado una licitación y haber resultado inadmisibles las ofertas”. Asimismo, los pagos a un nuevo proveedor para el término de las obras del centro de justicia de Chillàn, fue debido a la quiebra de la constructora Claro Vicuña, explicaron desde la corporación. Sobre los cerca de 25 mil millones transados el año pasado para la construcción del Juzgado de Familia de Concepción, argumentaron que el proceso de las ofertas presentadas eran “inadmisibles por no dar cumplimiento a los requisitos establecidos por las bases que rigen el proceso”.
En general, han ido disminuyendo
{IMAGEN https://staticlasegunda.emol.cl/Fotos/2024/08/23/file_20240823091907.gif}
De todas formas, en general, el uso de trato directo ha ido disminuyendo en el tiempo como total de las transacciones con platas públicas. En 2023, las entidades públicas realizaron el 72,7% de sus compras mediante procedimientos competitivos, tales como Licitaciones Públicas (63,83%), Convenios Marco (5,13%) y Compra Ágil (3,77%). La utilización de la licitación privada fue de 1,3%. (Ver gráfico). En 2024, los datos muestran un aumento del uso de mecanismos competitivos de 6,6 puntos porcentuales y una disminución global de montos transados por trato directo de 5,4% entre enero y julio de 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023.
En términos de órdenes de compra emitidas, las instituciones efectuaron el año pasado un 85,2% de sus compras a través de procedimientos competitivos y 14,6% por trato directo. Este último, tuvo una disminución de 2,5% si lo compramos con 2021. Entre enero y julio de este año, se observa un 86% del uso de los procedimientos competitivos y un 14% de trato directo. Estas cifras coinciden con la ley que moderniza las compras públicas promulgada en diciembre pasado.
En ese sentido, Verónica Valle, directora de ChileCompra destaca la nueva normativa que ya está en vigencia. “Con la nueva normativa de compras públicas, que empezó a regir gradualmente en diciembre de 2023, aumentan los niveles de transparencia y probidad de este mercado, elevando los estándares para evitar los conflictos de interés e inhabilidades de funcionarios de entidades públicas y proveedores del Estado”, enfatiza.
Y agrega: “Siempre estamos revisando los tratos directos que efectúan las entidades, porque cuando éstos no están bien justificados, el riesgo es que el Estado pague un sobreprecio, dado que no hay competencia, o que se configure un potencial acto de corrupción”.
