por:  La Segunda

jueves, 01 de agosto de 2024

Pablo Eguiguren F.

Libertad y Desarrollo

Es indudable que nuestro sistema de pensiones requiere cambios. Se necesita ahorrar más para vidas más largas, un mercado laboral más volátil y menor rentabilidad de activos. Aunque la comisión técnica del Senado aportó al acotar el problema a uno transitorio y focalizado en mujeres con bajas tasas de reemplazo, ese marco de referencia no resuelve la discusión. Y el documento elaborado por el Gobierno conocido ayer aleja aún más las posiciones. Aquí no hay fórmulas mágicas y varias verdades incómodas que deben ser transparentadas: 

1. No habrá buenas pensiones con un mercado laboral inflexible y crecientemente informal. Este aspecto esencial no ha sido abordado. Por el contrario, alzas de la cotización obligatoria sin evaluaciones intermedias y que el aporte adicional no sea propiedad del trabajador solo ahondarán el problema.

2. No existen impuestos transitorios. Si para subir las pensiones a los actuales jubilados se crea un sistema de reparto —aunque sea de un punto porcentual— este no se extinguirá. Cuando llegue el minuto de terminarlo, habrá mil razones que justifiquen su mantención. Ejemplos sobran: el alza del impuesto a las empresas tras el terremoto de 2010, el alza del IVA para financiar el Plan Auge, el impuesto específico a los combustibles tras el sismo de 1985, etc. No es creíble que esta vez sea diferente. Siempre habrá presiones por que las pensiones sean más altas, incluso si se usa un préstamo al Estado en lugar de un impuesto al trabajo.

3. Las deudas son deudas, no importa cómo se contabilicen. Si se impone la idea de financiar pensiones actuales vía un préstamo de los trabajadores al Estado, éste aumentará su nivel de deuda afectando negativamente el costo de endeudarse para empresas y familias.

Además, el Estado debe asegurar a los trabajadores una tasa de interés equivalente a la rentabilidad que esos recursos podrían generar en el mercado. Es decir, el Estado deberá endeudarse más caro que si emitiera deuda pública. Paradójico, pero inevitable. De lo contrario, se perjudica a los trabajadores. Cabe recordar que un 1% de mayor rentabilidad durante la vida laboral puede significar hasta un 25% de mayor pensión. 

4. La reforma irá en beneficio de las personas de mayores ingresos. Gracias a la PGU, las bajas tasas de reemplazo son un problema del 40% más rico de la población (donde parte de ellos pueden ahorrar bajo otras vías). ¿Es realmente ese segmento el prioritario? ¿Se establecerán un impuesto al trabajo a los más pobres para mejorar las pensiones de los más acomodados?

Como se ve, quedan por resolver preguntas técnicas complejas. Más aún, la oposición debe tener presente cuál es el corazón de esta discusión. Como dijera el ex diputado PS, Osvaldo Andrade, “lo que subyace el proyecto de pensiones es un gran dilema político: ¿quién controla el poder?”.