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La Segunda
viernes, 02 de agosto de 2024
La comisión de ética de la Corte Suprema ha resuelto investigar la conducta del ministro Sergio Muñoz luego de que el abogado de una inmobiliaria lo acusara de traspasar información privilegiada a su hija, Graciel Muñoz, jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago. La instancia de ética judicial, establecida en un auto acordado de diciembre de 2007, fue reactivada hace algunas semanas para examinar el llamado caso WhatsApp, donde cuatro integrantes del tribunal —Mario Carroza, María Teresa Letelier, Jean Pierre Matus y Ángela Vivanco— son indagados por presuntas gestiones indebidas, directas o indirectas, en designaciones en la Corte Suprema en favor propio, notarías y en la elección del fiscal nacional; los mensajes fueron recopilados por la fiscalía de los teléfonos incautados al abogado Luis Hermosilla y al exjuez Juan Antonio Poblete.
Las acusaciones no solo han afectado la percepción ciudadana sobre la justicia y quienes la imparten; también han tensionado la convivencia interna de los magistrados. La convocatoria de la comisión de ética fue impulsada por el presidente del tribunal, Ricardo Blanco, a pesar de que, ha trascendido, algunos jueces se oponían y otros, en cambio, eran proclives a medidas más severas.
El objeto de la comisión es cooperar con el pleno de la Corte “en el ejercicio de funciones de prevención, control y corrección del comportamiento” de los magistrados y el fiscal del tribunal; por lo mismo, el alcance de la instancia es limitado, ya que solo elevará un informe al pleno, el que finalmente decidirá si se abre una investigación disciplinaria o archiva los antecedentes. Una fuente próxima a la Corte opinó que con el resultado de la comisión, probablemente la opinión pública se sentirá “desencantada”. Desde luego la aceptación práctica o realista de los límites que la legalidad impone a las facultades de control ético o disciplinario no colisiona con la transparencia con que se ha comprometido el máximo tribunal al llamar a la comisión de ética.
En este contexto, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Alejandro Vera, señaló que la comisión no es un órgano independiente, que carece de soporte legal, y que no tiene herramientas para perseguir la responsabilidad funcionaria de los jueces. El director de estudios del Observatorio Judicial, José Miguel Aldunate, ha planteado que se requiere legislar acerca de un régimen disciplinario bien reglado; de acuerdo con el académico Andrés Bordalí, en el debate en curso se ha presentado una confusión entre la esfera de la ética y el control disciplinario, que compete fijar en la ley.
Diversos expertos han advertido la vinculación del mecanismo disciplinario con el gobierno judicial, una materia que ha estado en la deliberación política y jurídica reciente; tanto la Convención Constitucional como el Consejo Constitucional propusieron diferentes modificaciones al actual modelo, acogiendo en parte la demanda de la propia Corte Suprema en orden a separar las funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales. El anterior Gobierno presentó al Congreso, en abril de 2021, un proyecto en la misma dirección. Si bien las fórmulas concretas son múltiples, todas están fundadas en el consenso de que es necesario abordar la reforma del sistema de elección, y modernizar las exigencias en materia del control y la responsabilidad de los magistrados.
