por:  La Segunda

lunes, 12 de agosto de 2024

En los últimos días, 196 candidaturas para las próximas elecciones de alcaldes, concejales, consejeros y gobernadores regionales fueron rechazadas porque correspondían a personas que figuran en el registro nacional de deudores de pensiones de alimentos. 194 de esas candidaturas rechazadas son hombres. A partir de la promulgación de la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos, y de la creación del registro de deudores, no solo los tribunales han dado orden de pago por 830 mil millones de pesos en deudas; además, las prácticas políticas y sociales han cambiado radicalmente. Hoy el abandono financiero de los hijos no es una decisión privada, sino una responsabilidad con importantes consecuencias públicas, que impide optar a cargos de elección popular. 

Historias como la de Marcel Claude en 2013, candidato presidencial del Partido Humanista, que mantenía una deuda de varios millones en pensión de alimentos y que consiguió 185 mil votos, o la del candidato del Partido de la Gente en 2020, Franco Parisi, que llegó a tener más de 200 millones de pesos en deuda por pensión de alimentos y logró casi 900 mil votos, ya no son posibles. 

Los implicados en casos de violencia intrafamiliar, en cambio, siguen en competencia. No están impedidos de participar en elecciones, como ocurre en candidaturas de las comunas de Purén y Victoria, a pesar de la reciente promulgación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Esto permite que se perpetúen prácticas intolerables en la vida social y política y nos obliga a pensar en otros mecanismos de selección de candidaturas. 

En ambos casos se trata de materias que la sociedad ha tematizado fuertemente en las últimas décadas, que han dejado el reducto de las prácticas privadas o familiares y que tienen una reprobación pública que cambia sostenidamente la cultura política. Esta conciencia, a la que se suman el acoso, el abuso y la violencia sexual, se debe a la sostenida denuncia feminista en torno a la falta de enfoques de género en la gestión política, en la justicia, en la legislación y en los distintos aspectos de nuestra vida comunitaria. La indignación del caso Macaya, en Chile, o el caso Alberto Fernández, en Argentina, hablan de un cambio en aquello que como sociedades estimamos inadmisible.

Acordado el criterio ético, sin embargo, queda claro que para establecer definitivamente otros mínimos para la representación democrática no basta el acuerdo. Son las leyes las que cambian el estándar de lo admisible; cambian los discursos públicos y los zanjan; trazan una línea entre lo que está bien y lo que está mal, entre los hechos permisibles y los condenables. Es difícil pensar en mejoras en la valoración del quehacer político si la antigua idea de la virtud pública no permea en quienes deciden las nóminas electorales y respaldan un candidato por sobre otros. Y si esa virtud no puede ser resuelta más que a partir de la sanción institucionalizada, quizás no quede otra.