por:  La Segunda

jueves, 01 de agosto de 2024

La reactivación de la comisión de ética de la Corte Suprema no solo acapara las miradas, sino también sembró recelos entre los mismos supremos, agitando las aguas del máximo tribunal.

Además, revivió una larga discusión sobre el real alcance que esta instancia podría tener en las materias que hoy indaga: el caso WhatsApp, por presunto conflicto de interés de 4 ministros, y el surgido por la denuncia en contra de Sergio Muñoz, presentada por el abogado Marco Antonio Fuentes, de la Inmobiliaria Fundamenta, quien imputa que el magistrado entregó información privilegiada a su hija sobre una sentencia que pospuso la entrega de dos edificios, donde ella había comprado dos departamentos. El segundo caso es más llamativo porque es sobre Sergio Muñoz, uno de los magistrados que propuso la reactivación de la comisión de ética para investigar los WhatsApp.

"La comisión de ética no puede hacer mucho, la opinión pública va a quedar muy desencantada", advierte un exmiembro de la Suprema. Y alude a que el organismo "no existe desde el punto de vista legal" y que opera por un autoacordado -de diciembre de 2007- que refundió anteriores acuerdos relativos a la ética judicial.

En lo puntual, señala el exsupremo, dicha instancia no puede fijar sanciones. Solo puede sugerir o recomendar al pleno la realización de sumario disciplinario (cuyo procedimiento está regulado en otro autoacordado de 2007) y el resultado debe volver al pleno para analizar los presuntos castigos e incluso su salida por mala conducta, tal como lo establece el artículo 80 de la Constitución.

 

"Esto muestra el déficit que hay en el Poder Judicial antiguo y que los propios jueces y ministros llevan alegando hace mucho tiempo, que es la falta de un proceso disciplinario como corresponde. ¿Cuánto de esto debiese ser disciplina y cuánto debiese estar en un comité de ética?", plantea José Miguel Aldunate, director de Estudios del Observatorio Judicial. 

{CITA Esto muestra el déficit que hay en el Poder Judicial (...), la falta de un proceso disciplinario como corresponde";José Miguel Aldunate (Observatorio Judicial)}

Y recuerda que dichas falencias son respecto a las reglas que debieran regir al Poder Judicial en esos casos: "La pregunta es si los jueces deben regirse con el mismo estándar de los funcionarios públicos o, dado que tienen un deber de imparcialidad muy sensible, tal vez debieran tener un estándar mayor".

"Tenemos una buena Corte Suprema, pero aquí hay un problema de legitimidad, o sea, de cómo es percibida la Corte Suprema. Como se dice coloquialmente, la mujer del César no solo debe ser casta, sino que también debe parecer casta", acota.

- Ahí estaríamos hablando de un posible prejuzgamiento, de traspaso de información que debía ser confidencial, de aprovechamiento de información que la hija no debió haber tenido, en la hipótesis de que esto sea así. También es bien impresentable que recién dos años después esto se empiece a tramitar. Lo que habla de nuevo de la falta de control que existe sobre esta materia y el déficit que hay.

Aldunate lamenta que "son problemas cuya raíz es de antigua data, acordémonos del caso de los jueces de Rancagua, cada cierto tiempo explotan y vuelven al silencio, pero eso no significa que no estén ahí esos problemas. Deberíamos tener un proceso disciplinario regulado por ley, con el que las sanciones y las conductas prohibidas estuviesen claramente establecidas".

 Andrés Bordalí, doctor en Derecho y académico de la UACh, ha investigado el tema. Y sostiene que es un error considerar estos casos como un control ético. "El control ético es una cosa distinta del control disciplinario, acá están tan equivocados el foco. Los códigos de ética tratan de fijar, de manera prospectiva, una especie de la conducta ideal que debería tener un determinado profesional. Los jueces deberían regirse por un código disciplinario que tiene que estar fijado en la ley".

Más aún, "un juez que intente ser sancionado en una comisión de ética, tiene muchas posibilidades de llevarlo a un campo internacional como a la Convención Americana u otra instancia, por una serie de transgresiones desde del punto de vista de garantías legales".

"Lo que tendría que haberse hecho hace años es que el Congreso debería haber sacado una moderna legislación sancionatoria por ilícito disciplinario de los jueces", añade. Cambio que debería ser ligado "necesariamente un cambio de gobierno judicial".

-En el caso del ministro Muñoz creo que está siendo poco oportuna la denuncia, pero como no está fijado en la ley y no está regulado, se va viendo en cada caso. Obviamente, la Corte Suprema se ha visto un poco juzgada por la opinión pública y están tratando de mejorar la imagen.