por:  La Segunda

jueves, 08 de agosto de 2024

El reciente encontrón entre el senador Manuel José Ossandón y el ministro de Justicia, Luis Cordero -por una antigua asesoría a la Asociación de Notarios que se conoció cuando éste asumió el cargo- repuso un antiguo debate: hasta dónde las autoridades deben transparentar sus eventuales inhabilidades.

"Todos tenemos conflictos de interés, algunos de ellos nos quitan imparcialidad; otros solamente bastará con darlos a conocer, y sin duda, los clientes -al menos los más cercanos en tiempo- serán necesarios de conocer", plantea Alberto Precht, miembro de la junta directiva de Transparencia Internacional.

Ejemplifica con el caso del exministro Jorge Insunza -investigado por la fiscalía entre 2016 y 2018 por hacer asesorías a Antofagasta Minerals entre 2007 y 2014, periodo en que presidía la comisión de Minería en la Cámara-, pues "nos enseña que conocer la cartera de clientes sí era fundamental". 

Transparentar esto, permite "trazar el proceso decisional". Y apunta no solo a las autoridades del Ejecutivo, sino también al Parlamento: "Creo que la labor parlamentaria debiese impedir el ejercicio de cualquier otra actividad" y  plantea que "en el Congreso Nacional debiese establecerse, previo a cada votación, un informe que advirtiese a los congresistas de estos eventuales conflictos".

¿Y sobre los clientes de un abogado? "El secreto profesional no puede ser un absoluto. Es relevante si es que un parlamentario o autoridad que prestó servicios deba declararlos". No obstante, "el inhibirse de la decisión requiere de un hilado más fino, no necesariamente haber por ejemplo emitido un informe nublará la imparcialidad".