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La Segunda
miércoles, 14 de agosto de 2024
El Ministerio de Justicia abrió un procedimiento de fiscalización a la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, a la que le pide que informe sobre los contratos y honorarios a todos sus asesores externos entre 2018 al 2023.
La notificación de la fiscalización se da tras la polémica que se dio en medio de la tramitación de la ley de notarios, entre el ministro Luis Cordero, y el senador Manuel José Ossandón (RN). El ministro Cordero dijo que “era conveniente que el senador Manuel José Ossandón 'hubiese transparentado' que un hijo suyo trabajaba en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y el parlamentario contó que Cordero había emitido dos boletas a la Asociación de Notarios.
La situación partió el martes 30 de julio cuando, debido a que había un micrófono abierto en la testera del Senado, se supo que Rafael Prohens pidió, por encargo de Ossandón, que se llevara a la comisión de Gobierno el proyecto de ley de Notarios y Conservadores (lo que implica alargar la tramitación). Eso provocó los cuestionamientos del Ejecutivo que, a través de la vocera Camila Vallejo, lo calificó como “una especie de maniobra dilatoria” a lo que se sumó Cordero, que en CNN Chile el 5 de agosto dijo desconocer el cargo que tiene el hijo de Ossandón en el Conservador de Santiago y que pensaba que “al menos era conveniente que lo hubiese transparentado”.
La respuesta inmediata del parlamentario fue que “el 2020 el ministro trabajó para los notarios archiveros en el tema de la firma electrónica. Fue contratado y tiene dos boletas bien grandes. ¿Por qué no transparentó eso también él?”, cuestionó.
Al día siguiente, el martes 6 —hecho que sólo se supo hoy— el jefe del Departamento de Personas Jurídicas, Carlos Aguilar Muñoz, dependiente de la cartera de Cordero, mandó un oficio fiscalizador a la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile, el documento número 3382.
10 días para responder 20 puntos
Dicha fiscalización, según el escrito de 20 puntos, da plazo de 10 días hábiles “contados desde la notificación de la presente providencia, acompañe los documentos…” que solicita. Entre otras cosas, pide copia de los estatutos y de los registros de los miembros de la entidad; inventario de los inmuebles, muebles y bienes apreciados en dinero; informe detallado de cómo ha cumplido con su objeto social; copia de sus sesiones y citaciones a las mismas; “antecedentes fundados del aporte inicial de la asociación”, entre otros.
En el punto 10, pide “copia de todos y cada uno de los contratos, convenios o actos jurídicos de cualquier especie celebrados por la entidad con personas naturales y/o jurídicas, públicas o privadas, entre los años 2018 a 2023”.
En el número 11 solicita “un informe detallado de cualquier estipendio o prestación pecuniaria de cualquier especie efectuada a miembros de la entidad o terceros, adjuntando los antecedentes que den cuenta inequívoca de aquello”.
También requiere copia de los actos jurídicos en que la asociación haya accedido a fondos públicos “o se le hubieren asignado” dichos recursos.
Se añade que entregue detalles de las cuentas corrientes que tiene la entidad y en la cual recibe donación o aportes sociales; libros de remuneraciones y/u honorarios, sus respectivos cargos de los años 2018, 201, 2020, 2021, 2022, 2023; entre otras situaciones.
