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La Segunda
martes, 20 de agosto de 2024
Dos querellas en contra del secretario general del Senado, Raúl Guzmán, por prevaricación administrativa y otra por falsificación de instrumento público (la que incluye además al actual contralor de la corporación) presentará en las próximas horas el exfiscal de la Cámara Alta, Javier Norero, en los tribunales de Valparaíso.
El abogado -que mantiene un litigio por despido injustificado que ganó en la Corte de Apelaciones, pero está ahora en el Senado- apunta en la primera de ellas por "haber faltado al deber de abstención de los empleados públicos" dado que, a juicio de Norero, en su despido "fue un acto manifiestamente injusto a sabiendas".
En tanto, la querella por falsificación de instrumento público se basa en que en la causal de despido Norero habría tomado un mes de vacaciones sin pedirle permiso.
Para tener las cosas más claras, el exfiscal solicitó la documentación por Transparencia al Senado, desde donde le respondieron con el mismo argumento de su despido, que no había existido un procedimiento formal para pedir las vacaciones.
Sin embargo, Norero -según fuentes que conocen las querellas- sí tiene copia de toda la documentación del trámite de solicitud de descanso legal y, más aún, de la autorización que le dieron.
"Y eso constituye delito de falsificación de instrumento público, porque el secretario general es un ministro de fe", se indicó.
Norero fue despedido en noviembre de 2023, bajo el argumento de que habría incurrido en una serie de errores en su trabajo.
El exfiscal presentó un recurso de protección argumentando que el Senado no podía poner término a su contrata “por no haber sido calificado en una lista que permitiera su desvinculación (...) ni haber sido sometido a un sumario administrativo que permitiera dicha medida”.
Razonamiento que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que en febrero de este año, resolvió que el despido fue ilegal "por estimarlo infundado, (por) no haberse llevado en su contra un sumario administrativo y por haber operado a su respecto el principio de confianza legítima en la mantención de su empleo”.
